Por Javier Montes | Tierra Cofrade
ARCHIVO COFRADE · IV DE IV
En 1790 la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de la parroquia de San Juan de Málaga reformó sus constituciones en medio de un proceso administrativo que terminaría alterando profundamente su relación con la Sacramental de aquella parroquia. La documentación conservada en su Archivo Histórico permite seguir aquel expediente y la propia historia administrativa del fondo sitúa en 1801 la agregación de la Hermandad de los Dolores a la corporación sacramental. Lo interesante es que, aparentemente, estamos ante papeles: constituciones, despachos, pleitos, aprobaciones. Sin embargo, detrás de ellos se movían también capillas, cultos, obligaciones, bienes, enterramientos y responsabilidades patrimoniales.
Ésa es la cuestión que cierra esta serie.
El patrimonio de una hermandad no cambia únicamente cuando un escultor entrega una imagen, un bordador termina un manto o una restauración devuelve una obra al culto. Puede cambiar también porque alguien aprueba unas reglas nuevas, dispone una agregación, modifica el régimen jurídico de una corporación, obliga a revisar sus cuentas o decide quién será responsable de determinados bienes.
A veces la transformación material comienza en un despacho.
Cuando administrar significa transformar
Solemos separar con demasiada facilidad la historia administrativa de la historia artística. En una parte colocamos reglas, actas, decretos y expedientes; en otra, imágenes, capillas, plata, bordados y pasos. Los archivos muestran que esa división funciona mucho peor de lo que parece.
Una modificación administrativa puede decidir quién custodia una imagen, qué corporación utiliza una capilla, quién debe responder de un inventario, qué bienes se integran en una institución fusionada o qué obligaciones continúan ligadas a una propiedad. Puede determinar incluso qué patrimonio deja de producir renta o qué culto dispone de recursos suficientes para mantenerse.
El derecho canónico actual hace visible esa relación de manera particularmente clara. El canon 121 establece que, cuando varias personas jurídicas públicas se unen formando una nueva, ésta hace suyos los bienes y derechos patrimoniales de las anteriores y asume también sus cargas, respetando la voluntad de fundadores y donantes y los derechos adquiridos. No debemos proyectar sin más esa regulación contemporánea sobre una hermandad del siglo XVIII, pero sí nos ayuda a comprender un principio que atraviesa la historia institucional: cambiar la estructura jurídica de una corporación puede cambiar también la estructura de su patrimonio.
Hay reformas que no crean una sola obra de arte y, sin embargo, cambian quién la posee, dónde se conserva, para qué se utiliza y qué historia terminará contándose sobre ella.
1783: cuando el Estado empezó a ordenar también el mapa cofrade
El gran expediente impulsado por el Consejo de Castilla durante la segunda mitad del siglo XVIII constituye uno de los mejores ejemplos de esta relación entre administración y patrimonio. El Archivo Histórico Nacional conserva el denominado Expediente General de Cofradías, iniciado a partir de actuaciones de 1768 y desarrollado durante años mediante relaciones, informes, planes y consultas sobre hermandades, congregaciones y cofradías de todo el reino.
La resolución de Carlos III de 25 de junio de 1783 estableció un nuevo marco para estas corporaciones. Las cofradías que carecieran de las aprobaciones necesarias podían ser extinguidas; las sacramentales y determinadas hermandades podían continuar, pero sometidas a revisión y reforma de sus ordenanzas. La documentación del Consejo planteaba también posibilidades de agregación y concedía una posición particular a las sacramentales vinculadas a parroquias.
Visto desde hoy, podría parecer una reorganización jurídica.
Para una hermandad de entonces podía significar mucho más.
Si una corporación desaparecía, se agregaba a otra o debía trasladarse al ámbito parroquial, la pregunta por sus bienes surgía inmediatamente. Había imágenes, censos, propiedades, ropas, capillas, objetos de culto, obligaciones piadosas y rentas asociadas a una institución cuya posición jurídica podía estar cambiando.
La administración no estaba situada alrededor del patrimonio.
Entraba dentro de él.
Conviene no convertir varias reformas en una sola
La cercanía cronológica puede producir otro error. A veces se habla de las reformas ilustradas, las medidas contra las cofradías y las primeras desamortizaciones como si formasen un único acontecimiento. No fue así.
El expediente del Consejo de Castilla y la resolución de 1783 pertenecen a un proceso de control, regularización, extinción y reforma de corporaciones. Quince años después, la Real Cédula de 25 de septiembre de 1798 ordenó la enajenación de bienes raíces pertenecientes, entre otras instituciones, a hospitales, hospicios, obras pías y cofradías, destinando el producto a la Caja de Amortización. Son procesos relacionados con el reformismo y las necesidades del Estado, pero documentalmente distintos y con efectos patrimoniales diferentes.
Esta separación importa porque una cronología mal construida puede convertir «reforma», «supresión», «agregación» y «desamortización» en palabras intercambiables.
No lo son.
Una reforma estatutaria modifica normas. Una agregación altera relaciones institucionales. Una enajenación afecta directamente a bienes. Una supresión plantea el destino de toda una persona jurídica y de aquello que dependía de ella.
Para reconstruir qué ocurrió con el patrimonio necesitamos identificar primero cuál de esas operaciones se produjo realmente.
Málaga: unas constituciones reformadas que anunciaban un cambio mayor
El caso de los Dolores de San Juan permite observar esta transformación a escala local. El Archivo Histórico de la corporación conserva unas Constituciones reformadas de Nuestra Señora de los Dolores de 1790, documento en el que se transcribían las antiguas constituciones de 1688 y se añadía su declaración, ampliación y reforma. La propia descripción archivística sitúa la pieza dentro de los trámites vinculados al largo proceso de incorporación con la Sacramental de San Juan.
La historia administrativa del archivo explica que aquel proceso terminó con la agregación en 1801. También señala otras consecuencias del cambio de época: la regulación de los enterramientos obligó a adaptar una de las funciones tradicionales de la corporación, que adquirió un panteón en el cementerio de San Miguel para seguir atendiendo al entierro de sus hermanos. Más adelante, la estación de penitencia dejó de realizarse y las reglas de 1897 reflejaron una actividad cultual concentrada en el interior de la parroquia.
Lo interesante no es buscar una sola fecha capaz de explicar todo ese proceso.
Es observar cómo varias decisiones administrativas fueron modificando las necesidades materiales de la institución.
Si cambia la forma de enterrar, cambia el patrimonio funerario necesario. Si cambia la relación entre dos corporaciones, cambia la forma de organizar sus bienes. Si la actividad procesional se suspende durante décadas, determinados enseres dejan de ocupar el mismo lugar dentro de las prioridades económicas.
Un reglamento puede terminar afectando a una pieza de plata que nunca menciona.
La fusión no suma dos inventarios: crea otra realidad patrimonial
La palabra fusión puede producir una imagen excesivamente sencilla. Dos hermandades se unen y sus patrimonios se suman.
En realidad, el resultado suele ser bastante más complejo.
La nueva corporación hereda cultos distintos, obligaciones diferentes, espacios, símbolos, denominaciones y bienes que no habían sido concebidos originalmente para formar un único conjunto. Después debe decidir cómo utiliza todo aquello y qué elementos adquieren prioridad.
Fotografía: PEPE GADEIRAS / CC BY-SA 4.0. Wikimedia Commons.
Fecha indicada en la ficha: 2012-02-17. Original y adaptación bajo licencia CC BY-SA 4.0. Adaptación de formato y tamaño. Fotografía editada para Tierra Cofrade.
La historia oficial de la Hermandad de la Amargura de Sevilla ofrece un caso muy expresivo. La hermandad sacramental y la de penitencia compartieron durante largo tiempo el templo de San Juan de la Palma. La corporación explica que los trámites de fusión comenzaron en 1894 y que la unión posterior benefició materialmente a la cofradía de penitencia, que pasó a disponer de la Capilla Sacramental, donde sus imágenes pudieron recibir culto en un espacio de mayor entidad. Las nuevas reglas debían integrar también los cultos procedentes de ambas instituciones.
A partir de esa nueva situación se desarrolló un proceso de renovación patrimonial que la propia hermandad relaciona con la nueva etapa institucional: pasos, manto, insignias y otros enseres terminaron configurando durante el siglo XX una estética corporativa especialmente reconocible.
No sería correcto afirmar que la fusión «causó» por sí sola cada una de aquellas obras. Intervinieron personas, recursos económicos, decisiones artísticas y circunstancias históricas muy distintas.
Pero sí cambió el escenario en el que todas esas decisiones pudieron producirse.
Eso es precisamente lo que interesa.
Una sede nueva puede cambiar qué patrimonio se considera necesario
La misma Hermandad de la Amargura ofrece otro ejemplo anterior. El traslado de la cofradía de penitencia desde San Julián a San Juan de la Palma, consumado en la década de 1720 tras un proceso conflictivo, modificó sus prioridades materiales. La historia de la corporación señala que, una vez instalada en el nuevo templo, se invirtió especialmente en la remodelación de la capilla y los altares, hasta el punto de suspender en algunos años la estación de penitencia para dedicar recursos a aquellas obras.
Aquí encontramos un mecanismo patrimonial importante.
La sede no es un simple recipiente.
Determina necesidades.
Una capilla más amplia puede requerir otro retablo. Un nuevo emplazamiento puede modificar la iluminación, los altares, el almacenamiento o la disposición de imágenes. Una parroquia diferente puede incorporar relaciones con otras hermandades y cambiar la jerarquía de los cultos.
Por eso, cuando una cronología señala simplemente «1725: traslado a nueva sede», todavía no ha explicado la verdadera dimensión del acontecimiento.
La historia patrimonial comienza después de esa fecha.
Las reglas también fabrican patrimonio futuro
Hay otra consecuencia menos visible: las normas administrativas no solo reorganizan los bienes existentes. También determinan qué documentación y qué patrimonio conservará una hermandad en el futuro.
Las reglas actuales de la Hermandad del Rocío de Sevilla establecen expresamente cómo debe conservarse el archivo, qué documentación ha de integrarlo y cómo debe relacionarse con el Libro de Inventario. El archivo aparece considerado como parte del patrimonio histórico de la corporación e incluye actas, contratos, presupuestos, material gráfico, audiovisual e informático y otros documentos dignos de conservación.
Es una decisión administrativa.
Pero dentro de cincuenta años será también una decisión historiográfica.
Aquello que se obliga a conservar podrá investigarse. Aquello que se considere prescindible quizá desaparezca.
Una reforma de reglas puede parecer ajena a la historia del patrimonio documental hasta que descubrimos que, gracias a ella, una corporación comenzó a inventariar de manera sistemática sus fotografías, contratos o proyectos.
Cada norma sobre inventario, archivo o custodia contiene una pequeña decisión sobre lo que una generación futura podrá conocer.
La propiedad no es la única pregunta
Cuando una reforma institucional afecta a varias corporaciones, solemos preguntar quién se quedó con cada bien. Es necesario, pero insuficiente.
También conviene investigar quién obtuvo el uso, quién asumió el mantenimiento, quién pagó reparaciones, dónde quedó depositada la pieza, si continuó vinculada al culto para el que había sido donada y qué obligaciones acompañaban al bien.
El canon 121 actual recuerda precisamente que una unión institucional no puede tratar el patrimonio como un conjunto de objetos libres de historia: deben salvaguardarse la voluntad de fundadores y donantes, el destino de los bienes y los derechos adquiridos.
Ese principio proporciona una buena pregunta para estudiar cualquier fusión histórica, incluso cuando la norma aplicable era otra.
Una corona puede incorporarse al inventario de una nueva hermandad, pero quizá fue donada para una advocación concreta.
Un inmueble puede cambiar de titularidad institucional y continuar vinculado a determinadas cargas.
Una capilla puede convertirse en sede de nuevas imágenes sin perder completamente la memoria de su función anterior.
El patrimonio administrativo posee también capas.
El peligro del «año mágico»
Las historias locales sienten predilección por los años redondos.
«En 1801 se fusionaron.»
«En 1900 se reorganizó.»
«En 1940 volvió a salir.»
La fecha ayuda a ordenar, pero puede producir la falsa impresión de que una institución se acostó de una manera el 31 de diciembre y amaneció transformada al día siguiente.
Las reformas casi nunca funcionan así.
Antes del decreto hay conversaciones, expedientes, conflictos, informes y acuerdos. Después vienen inventarios, traslados, nuevas cuentas, cambios de denominación, adaptación de cultos y decisiones sobre los bienes.
El «año de la reforma» puede servir como punto de referencia.
No debería convertirse en explicación completa.
En el caso malagueño, 1790, 1801 y los años inmediatamente posteriores forman parte de una secuencia. En Sevilla, iniciar una fusión en 1894 no significa que toda su realidad material quedara transformada aquel mismo año.
Una cronología limpia —como vimos en el capítulo anterior— debe conservar el proceso.
Cómo detectar una reforma que tuvo consecuencias patrimoniales
Cuando una historia local menciona un cambio de reglas, una fusión, una agregación o un traslado, conviene no pasar inmediatamente al acontecimiento siguiente. Ese punto puede esconder una transformación patrimonial mucho mayor.
La investigación debería comparar, siempre que sea posible, la situación anterior y posterior mediante inventarios, cuentas, actas, contratos, escrituras, planos, fotografías y documentación de archivo. El objetivo no consiste únicamente en saber qué norma cambió, sino qué efectos produjo realmente.
| Cambio administrativo | Posible efecto patrimonial | Documentos que conviene buscar |
|---|---|---|
| Fusión o agregación | Cambio de titularidad, custodia, sede o uso de bienes. | Decreto, reglas nuevas, inventarios antes/después, escrituras y actas. |
| Traslado de sede | Nuevos altares, obras, almacenamiento y adaptación del culto. | Cabildos, contratos de obra, cuentas, planos, inventarios y fotografías. |
| Reforma de reglas | Nuevas obligaciones de archivo, inventario, culto o administración. | Texto anterior y reformado, decreto de aprobación, libros posteriores. |
| Supresión o extinción | Redistribución de bienes, fondos y obligaciones. | Expediente de supresión, inventario final, recibos de entrega y escrituras. |
| Cambio legal externo | Venta de propiedades, modificación de ingresos o abandono de determinadas prácticas. | Norma, expediente de ejecución, cuentas, ventas y documentación patrimonial. |
A veces la reforma explica un patrimonio que parecía puramente estético
Éste es quizá el efecto más interesante.
Contemplamos una capilla, un conjunto de insignias o un programa de cultos y tendemos a explicarlo mediante gusto artístico, devoción o capacidad económica.
Todo eso puede ser cierto.
Pero quizá detrás exista una reorganización administrativa que cambió previamente las condiciones.
Una fusión aportó un espacio.
Una nueva regla obligó a mantener determinado culto.
La pérdida de una renta hizo inviable una actividad.
La adquisición de una capilla justificó nuevas obras.
Un decreto obligó a inventariar.
Un traslado convirtió en innecesarios unos enseres y prioritarios otros.
La historia del patrimonio necesita, por tanto, mirar también aquello que no suele aparecer en las fotografías.
El patrimonio no recuerda los organigramas, pero conserva sus consecuencias
Con el paso de las generaciones suele olvidarse por qué una corporación terminó utilizando una capilla, por qué una determinada insignia pasó a formar parte de un cortejo o por qué dos devociones terminaron dentro de una misma hermandad.
Lo que permanece es el resultado material.
Una imagen en un altar.
Un escudo compuesto.
Un título larguísimo.
Una propiedad.
Un archivo compartido.
Un culto que nadie recuerda cuándo comenzó a celebrarse conjuntamente.
La administración desaparece de la memoria porque su lenguaje parece poco emocionante. Sin embargo, muchas veces es la capa que permite entender todo lo demás.
Por eso este cuarto capítulo cierra el recorrido iniciado con las actas, reglas y contratos. Primero aprendimos a preguntar qué puede demostrar un documento; después, qué nos permite afirmar un inventario; más tarde, cómo ordenar las fechas sin rellenar los huecos. Faltaba observar qué ocurre cuando la propia institución cambia de forma y obliga al patrimonio a cambiar con ella.
La respuesta es menos visible que una restauración y, a veces, bastante más profunda.
Porque hay años en los que una hermandad no estrena nada.
Y, sin embargo, después de ellos ya no posee, usa ni entiende su patrimonio exactamente de la misma manera.
FUENTES Y REFERENCIAS
- Archivo Histórico Nacional / PARES — Expediente General de Cofradías, Consejo de Castilla.
Fuente primaria fundamental para reconstruir el proceso de investigación, regularización y reforma de las cofradías que desembocó en la resolución de 1783.
Consultar el expediente en PARES - Archivo Histórico Nacional / PARES — Real resolución sobre reforma y extinción de cofradías, 1783.
Permite precisar las consecuencias previstas para corporaciones sin aprobación y para las sacramentales y hermandades que podían subsistir. - Archivo Histórico de la Facultad de Teología de Granada — Real Cédula de 25 de septiembre de 1798.
Documenta la orden de enajenación de bienes raíces de cofradías, obras pías y otras instituciones, diferenciándola del proceso reformista de 1783. - Archivo Histórico de la Archicofradía de los Dolores de San Juan — Constituciones reformadas de Nuestra Señora de los Dolores, 1790.
Documento especialmente útil para estudiar cómo una reforma normativa forma parte de un proceso institucional más amplio. - Archivo Histórico de la Archicofradía de los Dolores de San Juan —
- historia administrativa del fondo.
Aporta contexto sobre la agregación a la Sacramental, los cambios funerarios, la actividad cultual y las transformaciones posteriores. - Hermandad de la Amargura de Sevilla — Historia.
Permite observar los efectos patrimoniales del traslado a San Juan de la Palma y de la posterior unión con la Sacramental.
Consultar la historia de la Hermandad de la Amargura - Santa Sede — Código de Derecho Canónico, cánones 121-123.
Sirve como marco conceptual contemporáneo para comprender cómo la unión, división o extinción de personas jurídicas afecta a bienes, derechos y cargas.
Consultar el Código de Derecho Canónico - Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla — Reglas.
Ejemplo contemporáneo de cómo una norma interna determina la conservación del archivo, el inventario y la futura memoria documental de la corporación.
TAMBIÉN EN TIERRA COFRADE
- «Agradecer sin idealizar: cómo contar lo propio con honestidad».
Complementa este artículo porque una reforma administrativa puede ser recordada de manera diferente a como aparece en el archivo; distinguir memoria y documentación sigue siendo imprescindible.
Leer en Tierra Cofrade - «La tradición no es un museo: es una conversación».
Ayuda a comprender que muchos elementos que hoy parecen inseparables de una hermandad surgieron de decisiones concretas, reformas y adaptaciones históricas.
Leer en Tierra Cofrade - «Reinas sin altar. Mujeres y memoria visual en las cofradías».
Resulta complementario porque muestra otro efecto de las estructuras institucionales: decidir quién participa, quién queda documentado y quién termina siendo visible en la memoria de una corporación.
Leer en Tierra Cofrade
